Colectivo ciudadano detecta siete ambigüedades en la Ley de Comunicación de Ecuador

A los medios alternativos del Ecuador les preocupa el mecanismo de distribución de frecuencias que pueda aplicar el Consejo de Regulación. Foto: Andes

Quito, jul 24 (Andes).- El colectivo “Autoconvocados por la Ley” integrado por representantes de los medios alternativos de Ecuador y académicos de la comunicación hicieron público un comunicado en el que manifiestan los temas con los que concuerdan y los temas en los que no comparten por aparentes ambigüedades que podrían poner en riesgo la democratización de la comunicación en el país andino.

Frente a esa situación, aspiran en que el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación y la Superintendencia de la Información y Comunicación tengan apertura a las propuestas de la ciudadanía para la elaboración del reglamento, así como la necesaria transparencia para elaborar los informes vinculantes, sin tomar en cuenta afinidades políticas o intereses económicos, para la adjudicación de frecuencias de radio y televisión.

“Ecuador está frente a una oportunidad histórica para democratizar la comunicación. La ciudadanía estará atenta al fiel cumplimiento de los artículos que la garanticen”, sostiene el comunicado público.

Aspectos positivos de la Ley de Comunicación

En el comunicado destaca el grupo la redistribución de frecuencias de radio y televisión de manera equitativa como lo dispone el artículo 106 de la Ley de Comunicación 33% para medios públicos, 33% para medios privados, y 34% para medios comunitarios.

“Ahora los medios públicos y comunitarios tienen una Ley que los ampara y  promueve. Nunca más los medios comunitarios podrán ser perseguidos como ilegales o piratas. Gana la democracia, gana el país y ganan los sectores populares, que por siglos fueron condenados al silencio”, señala el comunicado hecho público este miércoles.

También destaca el colectivo la importancia de restringir a los monopolios y oligopolios como lo dispone el artículo 113, porque garantizará una mayor diversidad y pluralidad de voces en la esfera pública.

Además, resalta el comunicado que los trabajadores de los medios contarán con mejores condiciones laborales, el acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación, que en televisión el horario para todo público contemple un 60% para la difusión de la  producción nacional y el 50% del contenido de la programación musical de las emisores esté dedicado a la música nacional.

Las voces y los derechos de niños, niñas y adolescentes contarán con espacios en los medios de comunicación, dado que a partir de esta Ley los medios están obligados a promoverlos de forma prioritaria.

Aspectos problemáticos

El colectivo encontró 5 artículos y dos disposiciones transitorias ambiguas que podrían afectar el espíritu de la Ley.

En el artículo 83 se dispone la creación de medios públicos de carácter oficial, lo que resulta contradictorio para el colectivo. “Un medio público, por definición y por estar financiado por los contribuyentes, debe tener una vocación pluralista y una línea editorial independiente. En todo caso, será importante establecer cuotas u otros mecanismos para asegurar que la mayoría de las frecuencias del 33% que corresponden al sector público, se concesionen a medios públicos no oficiales”, dice el comunicado.

Aseguran que se debe respetarse el anonimato de quienes comenten en las páginas web de los medios, por ser un elemento fundamental de la libertad de expresión, por lo que no están de acuerdo con lo que reza en el artículo 20.

El linchamiento mediático al que hace referencia el artículo 26, lo consideran ambiguo, porque en el reglamento que cree el consejo de Regulación se precise los casos podrían considerarse bajo este artículo para no coartar el rol del periodismo de investigación en hechos de interés público.

El artículo 106 se refiere a la distribución equitativa de frecuencias, incluyendo el numeral 5 relativo a las nuevas señales que permitirá la digitalización. La Transitoria 20 señala que estas nuevas señales de radio y televisión serán administradas por el Estado. Contradictoriamente ya está aprobado un Plan Maestro de Transición a la TV Digital (octubre 2012) que asigna a los mismos concesionarios las nuevas señales. La digitalización, ¿multiplicará por cuatro la concentración de frecuencias digitales o será una oportunidad para distribuirlas equitativamente?. Además se preguntan que frecuencias se van a redistribuir si las entregadas hasta el 2008 se realizaron con el visto bueno del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conartel).

Respecto a la titulación de los comunicadores piden que en el caso de comunicadores populares se tome en cuenta la experiencia acumulada, la trayectoria profesional y el conocimiento específico que representan méritos equivalentes al título.

Los Autoconvocados por la ley lo integran la Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador (Corape); la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), Radialistas Apasionados y Apasionadas, Colectivo Churo Comunicación, Agencia Latinoamericana de Información, ALAI, los catedráticos Isabel Ramos, Mauro Cerbino, entre otros.

js/ar

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