Julio Quiñónez: El Gobierno quiere que Monte Sinaí crezca organizadamente y con servicios

El secretario del Comité Insterinstitucional de Prevención de Asentamientos Irregulares, Julio César Quiñónez, muestra los planos de los asentamientos en Monte Sinaí, en Guayaquil. Foto: Douglas Armijos / ANDES

Jorge Barona, redactor

Guayaquil, 20 may (Andes).- El secretario técnico del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Irregulares, Julio César Quiñónez, en diálogo con esta Agencia explicó que se está delimitando la zona de Monte Sinaí para que el Municipio pueda intervenir en esa extensa zona.

Agrega que se han identificado 106 focos conflictivos de invasiones en el país, especialmente en las provincias de la Costa, pero están controlando para evitar que crezca ese problema.

El Alcalde de Guayaquil dice que no puede intervenir con obras y ni legalización en Monte Sinaí porque un pronunciamiento del Procurador señala que ese es terreno del Estado.

En función de lo que dice la Ley 88 (aprobada en 2007 por el entonces Congreso Nacional que da potestad de expropiar predios a los municipios de Guayaquil, Samborondón y El Triunfo, en Guayas) la zona de Monte Sinaí entraría como parte de este proceso de afectación para que sea regularizado por el Municipio, pero en todo caso hay que establecer las coordenadas explícitas de Monte Sinaí que quedarían en este caso bajo responsabilidad del Municipio de Guayaquil.

Lo que sí está claro y el pronunciamiento del Procurador es que cualquier afectación que se quiera hacer a estos predios no incluyen predios estatales. Y en este caso los predios donde estamos haciendo los desalojos son justamente predios transferidos al Miduvi y al MSP y son los que estamos en este proceso de controlar para que no se desarrollen allí las invasiones.

¿Cuáles son esos predios?

Los predios a los que se refiere el Procurador estamos hablando de 188 hectáreas pero todo Monte Sinaí son cerca de 1.300 hectáreas. Por eso estamos en ese proceso de revisar las coordenadas, porque la Ley 88 habla de Monte Sinaí pero no dice claramente las hectáreas, ni coordenadas, habría que delimitar qué es Monte Sinaí para decir con fundamento donde debe intervenir el Municipio. Lo que si podemos decir que lo que pertenece al Estado va ser protegido y defendido porque se va a hacer una inversión social que beneficie a todos los habitantes de esa zona.

Terrenos estatales en el sector de Monte Sinaí, donde se emprenderán obras como el hospital, plan de vivienda y otras.

¿El proceso de delimitación cómo avanza?

Estamos en eso, desde esta semana empezamos a hacer ese trabajo para establecer los límites para decirle a la Asamblea o al Alcalde qué es Monte Sinaí y hasta dónde llegan las competencias del Municipio en función de lo que dicen las leyes.

¿Qué inversión gubernamental se va a ejecutar en estos asentamientos?

En una parte de las 188 hectáreas estatales de los Ministerios de Salud Pública y de Desarrollo Urbano y Vivienda estará el Hospital de Monte Sinaí, así como proyectos habitacionales con todos los servicios básicos y otras obras que deberá proponer el Comité Técnico de Asentamientos Humanos Irregulares, pero lo primero que queremos es tomar el control de la zona para que el problema no siga creciendo y luego entrar con obras y desarrollo para la zona.

Muchos moradores de la zona de Monte Sinaí donde se ha registrado los desalojos dicen tener supuestos documentos de propiedad de los terrenos

Ningún documento es legal, son papeles forzados que nacieron de los negocios delictivos de los traficantes de tierra. Nosotros estamos respetando las áreas consolidadas desde antes del 2010 cuando se emitió el decreto presidencial de no más invasiones y no serán desalojadas.

¿Cuántas familias hay en Monte Sinaí?

En esa zona hay unas 28.000 familias y estamos respetando a las 27.000 familias que ya están como posesionarios desde antes del 2010 y lo que estamos desalojando son a las 1.000 restantes que son recientes. Con los sectores consolidados vamos a trabajar en procesos de planificación social y urbana.

¿Las investigaciones para capturar a los traficantes en qué estado se encuentran?

Tenemos el plan Los Más Buscados y habilitado el 1-800 Delito. Hay uno capturado que es Marco Solís, tenemos tres sentenciados por fraccionamiento ilegal de predios y estafa a 320 familias en la cooperativa María Auxiliadora de la Flor, tenemos a siete con prisión preventiva por el delito de rebelión y tenemos a otras treinta y cuatro personas que son investigadas por presunciones de participación como acólitos de los cabecillas.

Cuántas denuncias han recibido por invasiones en este tiempo

Hemos recibido 1.250 denuncias en los dos últimos meses por estafa. Nosotros contamos con una unidad jurídica y un equipo especial de la policía y todo lo canalizamos a través de un fiscal especialmente asignado a esta difícil tarea.

¿Cuántos focos conflictivos de invasiones han detectado en el país?

Estamos en monitoreo constante, en coordinación con las gobernaciones de cada provincia y estamos notificando, desalojando. Actualmente contamos con un mapa donde se identifican los puntos conflictivos. Son 106 puntos en el país donde hay asentamientos irregulares, todos son monitoreados por esta Secretaría y están ubicados en todas las provincias de la Costa, en Pichincha y tres provincias de la Amazonía.

Qué alternativas tienen las personas que han invadido recientemente

Primero deben desalojar y segundo que accedan a los planes habitaciones del Gobierno. En la pre cooperativa Talía Toral (desalojada el viernes 10 de mayo) solo dos familias han solicitado nuestra ayuda, pero hay otras tantas que permanecen en covachas y carpas a la intemperie. ¿Por qué no acuden a las instituciones que les podemos prestar ayuda, asesoría?

Hay familias que alegan que ya tienen una vida realizada allí

(Muestra una foto de diciembre del 2010 y la diferencia del 2012 donde se observan los asentamientos en ese lapso). Hubo más de 420 familias que se posesionaron ilegalmente. Cuando hicimos el operativo más de 100 familias ya habían desalojado por sus propios medios y otras 90 que ya estaban desarmando sus casas porque previamente habían sido notificadas.

Plano donde se observan los asentamientos después de diciembre de 2010 y que fueron desalojados.

¿Hay planes de contingencia para esas personas?

Por supuesto, aunque en esto es muy importante los mensajes comunicaciones que vamos dando. Por ejemplo en Durán cuando se enteraron que teníamos un plan de contingencia para la gente con discapacidades ya teníamos un bus lleno con personas de esa condición. La gente es muy astuta. Entonces yo no puedo decir que vamos a reubicar a las personas que invaden porque mañana sencillamente nos invaden todo el país.

¿Cómo las personas pueden evitar caer presa de los traficantes?

Si la gente para comprar una pluma pide factura, mucho más aún cuando va a comprar un predio, hay que pedir los documentos legales como escrituras, registros de propiedad, permisos de lotizar, es decir todos los documentos que avalen a la propiedad. ¿Cómo puede ser que cuando vas a comprar una casa no pidas ningún documento?

¿Cómo se van a centrar los mensajes comunicaciones?

Queremos que la gente se una a esta política de cero tolerancia a nuevas invasiones, que entiendan que la invasiones no le hacen beneficio a nadie, que comprendan que zonas como el Suburbio que fue invadida en la década de los años 40 aún siguen siendo zonas críticas, porque crecieron desorganizadamente, sin una política social focalizada para esos sectores y lo que queremos como Gobierno es que Monte Sinaí no se nos convierta en una nueva isla Trinitaria, un nuevo Suburbio, porque si bien hay gente que tiene derecho a una vivienda esta debe ser en el marco de la política gubernamental para el Buen Vivir.

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