Monopolios mediáticos detrás del febrescorderato criminalizaron la lucha social

Quito, 21 oct (Andes).- Los medios de comunicación del Ecuador, en manos de grupos de poder económico, ficharon -en el período de Gobierno de derecha de León Febres Cordero (1984-1988)- a los guerrilleros de Alfaro Vive Carajo (AVC) como terroristas y obviaron el fondo político de sus acciones.

La Comisión de la Verdad, que operó desde el 2010,  registró cientos de denuncias relativas a atentados contra los derechos humanos, desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales que se hicieron durante el período de febrescorderato socialcristiano en el Ecuador. El terrorismo de Estado durante ese gobierno no entró en el discurso de los medios, alineados a la línea gobernante, callaron y sentenciaron a los AVC. 

Pero, por su lado, la prensa privada invalidaba la ideología alfarista y descontextualizaba su actividad política, más allá de que el grupo irregular haya estado fuera de la Ley.

Acerca de una retención de comunicadores sociales que los militantes de AVC hicieron en 1983 para dar a conocer sus posturas respecto a la política neoliberal de Febres Cordero, el periodista Félix Narváez, que en aquel entonces trabajaba en Radio Quito, reveló que la empresa le dijo que “no se diga una sola palabra al respecto”, mientras que Carlos Vera, que trabajaba en Telecentro (TC) afirmó que “los medios se pusieron de acuerdo. Consideraban que eso era hacerle propaganda a la subversión”, según declaraciones recogidas en el documental AVC: del sueño al caos.

Dueños de la información y del poder económico

Los periodistas norteamericanos Mary Walton y Charles Layton realizaron un estudio a inicios del siglo XXI acerca del periodismo ecuatoriano. En él afirmaron que el obstáculo más serio para la práctica del periodismo en Ecuador es que todos los medios están en manos de personas vinculadas con la élite comercial y política del país, quienes usan  los medios para proteger sus intereses y los de sus amigos, y en ocasiones atacar a sus rivales”, aseguran en su informe.

Un estudio publicado en la revista teórica Textos y Contextos, acerca de los monopolios y los medios de comunicación, evidencia el poder económico detrás de quienes manejan la información y permite comprender por qué la autocensura y la posición política respecto a AVC.

Para cuando se realizó esta publicación (2006) Radio Quito, en la que trabajaba Narváez, era propiedad del grupo económico Mantilla-Ortega, dueño además de diario El Comercio, uno de los más grandes de circulación nacional, además del vespertino Últimas Noticias y cuya vinculación empresarial se relacionaba al Hotel Oro Verde, Banco Cofiec (accionistas), Amedinec (inversionistas extranjeros), Financiera Internacional, Consorcio del Pichincha.

Mientras que Telecentro, en el que trabajaba Carlos Vera pertenecía al grupo Isaías, dueño además de Gamavisión, diario Expreso (accionista), radio Sideral, Súper k-800, entre otras y cuya vinculación empresarial estaba ligada a Filanbanco junto con empresas navieras, agrícolas, de construcciones, textiles.

Eduardo Tamayo en su libro Resistencias al autoritarismo asegura que: “el binomio Febres Cordero-Peñaherrera, desde el principio, contó con el apoyo financiero y político de los propietarios de los grandes medios de difusión, de los bancos, el gran comercio, las empresas importadoras y exportadoras, que ven la posibilidad de acceder directamente al poder con sus genuinos representantes, sin ninguna clase de intermediarios”.

La criminalización y el miedo: La descontextualización y la fragmentación de la realidad

En la difusión de temas de seguridad, los medios de comunicación juegan el papel de crear ambientes e imaginarios respecto a lo que sucede en la sociedad, manifestó el periodista y catedrático chileno Claudio Avendaño.

Los medios pueden crear y fortalecer miedos, fundamentalmente por la descontextualización de los hechos, lo que deriva en la creación de climas de inseguridad y en el fortalecimiento de posturas ideológicas, según Avendaño.

Las coberturas realizadas acerca de los robos en varios bancos por parte de los miembros de AVC fueron diseccionadas del contenido político que estas acciones tenían. Miguel Jarrín, quien fuera miembro del grupo guerrillero que depuso las armas en 1991, explicó que las intervenciones en los bancos se trataban de “recuperaciones de dinero”.

“Las recuperaciones que realizábamos eran a las casas de cambio, al Banco del Pacifico y otros que estaban haciendo un atraco con la deuda externa (…) Nuestra reserva monetaria estaba en Estados Unidos y a Ecuador le quedaba la deuda externa que se seguía incrementando”, dijo.

Sin embargo, este trasfondo fue obviado por la prensa que se limitó a la cobertura de los hechos al margen de la ley, fortaleciendo la imagen de delincuentes y asaltabancos. Lo mismo sucedió con las retenciones que hizo AVC: los medios los tildaron de secuestradores, sin más.

En Ecuador la banca y los medios de comunicación ya no pueden tener vínculos

La comunicación y los medios de información entran en una nueva etapa de profundos cambios gracias a la Constitución aprobada en el 2008 y la aprobación de la Ley de Comunicación, en 2013.

Según la nueva Carta Magna, las entidades o grupos financieros no pueden poseer participaciones permanentes, totales o parciales, en empresas ajenas a la actividad financiera. “Se prohíbe la participación en el control del capital, la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social, a entidades o grupos financieros, sus representantes legales, miembros de su directorio y accionistas”.

 pc-sam/lp

 

Comentarios

<p>Agradecerte la vision esclarecedora acerca de la estigmatizacion de la que fuimos objeto por parte de los medios corruptos; aportar la idea de que incluso de esa estigmatizacion se hicieron eco algunas organizaciones de izquierda que marginaron nuestra participacion politico en algunos espacios de coordinacion, coincidentemente esas organizaciones llamadas de izquierda hoy se encuentran en la oposicion.</p>

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