Consulta sobre paraísos fiscales es clave para Ecuador

La consulta popular no afecta a ningún candidato en particular, ya que solo en el caso de resultar electo y de tener bienes o capitales en paraísos fiscales, debería retornar sus capitales en el transcurso de un año. Foto: Andes/archivo

Por Marco Antonio Bravo

Quito, 26 ene (Andes).- El presidente de la República, Rafael Correa, presentó el 14 de julio de 2016 la propuesta para la realización de una consulta popular que se llevará a cabo conjuntamente con las elecciones generales del 19 de febrero de 2017.

El objetivo es que la ciudadanía se pronuncie respecto a la prohibición de que tanto los candidatos a las diferentes dignidades de elección popular, así como los servidores públicos posean bienes o capitales en paraísos fiscales.

Esta novedosa propuesta busca evitar que las fortunas acumuladas por empresas o personas naturales vayan a parar a cuentas opacas en paraísos fiscales y, por tanto, evadan el pago de impuestos perjudicando notablemente a los intereses del país.

Los recursos que se van a los paraísos fiscales usualmente provienen de la evasión de impuestos fiscales en el país de origen, de la defraudación aduanera, narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero, sicariato, saqueo de la caja pública o municipal o quiebras bancarias fraudulentas; por ello, el gobierno ecuatoriano considera que es imprescindible luchar contra estos defectos que posibilitan la conjura de la corrupción de diferentes niveles en los sectores públicos o privados.

De acuerdo a la información proveniente del Servicio de Rentas Internas (SRI), en base a la publicacion del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), dentro del caso Panama Papers, en Ecuador existen 95 grupos económicos que tienen integrantes domiciliados en paraísos fiscales o han tenido relación con el estudio Mossack Fonseca de Panamá.

Entre 2014 y 2016, empresas naturales del Ecuador han sacado más de 4.520 millones de dólares a paraísos fiscales, además, se calcula que entre 1979 y 2015 se habrían fugado cerca de 30 000 millones de dólares a paraísos fiscales.

Si esos dineros se habrían quedado en el país sin duda que el Gobierno habría contado con importantes recursos para afrontar las emergencias y contingencias que se han presentado en los últimos años como la caída de los precios del petróleo, apreciación del dólar, devaluación de la moneda de nuestros vecinos, el brexit, el terremoto en Manabí – Esmeraldas, entre otros.

El Pacto Ético - consulta popular que ha planteado el Gobierno - es clave para el futuro del país. Los efectos de la pregunta, que se incluirá en otra papeleta, serán determinantes y deben ser analizados con cabeza fría por los ciudadanos que acudan a votar en la contienda electoral.

“¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?”. Esta es la pregunta para la Consulta del 19 de febrero.

De cara a las elecciones de febrero de 2017, la mencionada consulta popular no afecta a ningún candidato en particular, ya que solo en el caso de resultar electo y de tener bienes o capitales en paraísos fiscales, debería retornar sus capitales en el transcurso de un año.

En efecto, de ganar el SÍ, los funcionarios públicos con capitales en paraísos fiscales tendrían un año para retornarlos al Ecuador. De ganar el NO, los funcionarios públicos o candidatos que resulten electos en los comicios tendrán absoluta libertad para depositar los recursos en paraísos fiscales causando un claro perjuicio a los intereses nacionales.

Todos estamos obligados a reflexionar con absoluta seriedad sobre el llamado a la consulta popular que no debe ser tomada como un plebiscito a favor o en contra del gobierno o del presidente Correa. Al final el gobierno tiene su candidato y el actual jefe de Estado concluirá su mandato el 24 de mayo.

La lucha contra los paraísos fiscales no es solo del presidente Correa y su Gobierno, es de todos porque el perjuicio es para todos. Actores políticos, candidatos a la Asamblea, binomios presidenciales, todos están obligados a pronunciarse sobre este tema para que la ciudadanía llegue con argumentos y deposite su voto el 19 de febrero.

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