Ministro de Defensa anuncia que director del ISSFA “ha sido sustituido”

El contraalmirante Freddy García ejercía la dirección ejecutiva del ISSFA. /

Quito, 11 feb (Andes) – El ministro de Defensa, Fernando Cordero, anunció este jueves que Freddy García, fue hasta ayer director del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), institución con la que el gobierno mantiene una controversia tras un dictamen de la Procuraduría que halló un sobreavalúo en el contrato de compra-venta de unos terrenos.

En declaraciones a un canal local, Cordero responsabilizó a García de bloquear una salida negociada al tema que derivó en la remoción anticipada –el viernes pasado- de la cúpula militar por inmiscuirse en aspectos administrativos.

“Hay un solo responsable: el director ejecutivo del ISSFA, el contraalmirante Freddy García, hasta ayer director ejecutivo, ha sido ya sustituido y hoy día estará al frente del ISSFA otra persona”, dijo.

El ministro de Defensa precisó que la salida de García se debe a los cambios en el orgánico militar tras la remoción de la cúpula.

“El señor director ejecutivo tenía en sus manos ese arreglo, pero, mal asesorado, obstinado, vaya usted a saber qué más en la mente y en la acción de este funcionario público; él nos dijo más de una vez que iba a litigar con el Procurador, que iba a contradecirle al Procurador, que iba a demandarle al Procurador, no ha pasado absolutamente nada de eso”, expuso.

Recordó que la Procuraduría (organismo que controla la legalidad de las acciones de las instituciones del Estado) notificó el 18 de noviembre de 2015 el dictamen en el que pide una rectificación o modificación del contrato.  Sin embargo, lamentó que García se opuso a una negociación.

“Realmente ha habido mala voluntad, mal asesoramiento de este funcionario y ha generado un problema de consecuencias enormes, cuando era un problema fácilmente solucionable”, recalcó.

Antecedentes

La compra-venta de terrenos en Samanes entre el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y el Ministerio de Ambiente (MAE) se realizó de forma inadecuada, con un avalúo que no correspondía a la Ley, razón por la cual debe corregirse.

En 2010, el contrato de compra-venta de lotes entre ISSFA y MAE se realizó en base del avalúo de la Dirección Nacional de Avalúos y Catastro (Dinac), cuyo monto ascendía a los USD 48 millones. Sin embargo, esta entidad no era competente para la realización de la tasación, pues debió hacerse en función del avalúo catastral del municipio de Guayaquil, como lo establece la Ley Orgánica de Contratación Pública.

En este sentido, se cometió un error que perjudicó al MAE en un monto algo mayor a los USD 41 millones (el avalúo municipal sería de USD. 7.129.900,77). Debido a esta irregularidad, las autoridades de ambas entidades elevaron a consulta al Procurador General del Estado, quien dictaminó que “se proceda con la rectificación y/o modificación de los actos que sean necesarios y del contrato correspondiente (…) con la finalidad de que se calcule la diferencia pagada en exceso por parte del MAE al haber considerado un avalúo predial distinto al que la ley y el reglamento aplicables preveían”.

De acuerdo al gobierno, el mecanismo de devolución/compensación del pago en exceso se realizará conforme con las disposiciones administrativas y legales que competen a las instituciones públicas. En estricto apego a la ley, se prevé un cruce de cuentas sobre el subsidio que el Estado brinda al ISSFA como mecanismo de devolución del dinero pagado en exceso por parte del MAE.

Las autoridades gubernamentales sostienen que al contrario de lo que manifiestan ciertos militares en servicio pasivo, esta acción no afectará el patrimonio ni el pago de las pensiones jubilares, el cual está garantizado constitucionalmente de acuerdo con la enmienda al artículo 370 de la Constitución.

En el actual gobierno se ha fortalecido al ISSFA. Desde el 2007, sus ingresos han aumentado de USD 87millones a más de USD 350 millones. El criterio de la Procuraduría es vinculante porque se trató de una transacción entre dos instituciones públicas (y no, entre una pública y una privada). El gobierno ha pedido la intervención de Contraloría y cualquier diferencia será acatada a lo que dictamine el Juez de cuentas. 

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