Lo que usted necesita saber de las Enmiendas Constitucionales

La Comisión Ocasional para el tratamiento de las Enmiendas Constitucionales ha realizado 115 diálogos ciudadanos en las 24 provincias del país. En diciembre tendrá lugar el segundo debate de las enmiendas. Foto: Asamblea Nacional

Quito, 16 oct (Andes).- En el Ecuador existen tres formas de reformar la Constitución; todas previstas en el mismo texto constitucional, que fue aprobado en las urnas por el pueblo ecuatoriano (Referéndum de 28 septiembre de 2008), la primera es una enmienda constitucional, la segunda es una reforma parcial y la última opción es una nueva Asamblea Constituyente.

En mayo de 2014 la convención de Alianza País solicitó a sus asambleístas que impulsen una reforma a la Constitución a través de las enmiendas, esto para reformar algunos puntos en beneficio de la sociedad ecuatoriana.

La decisión de usar este mecanismo se dio porque las enmiendas no alteran la estructura fundamental de la Constitución o el carácter y elementos constitutivos del Estado, ni tampoco establece restricciones a los derechos y garantías de los ciudadanos.

La Asamblea Nacional  tramitó el pedido y envió un total de 17 enmiendas para ser calificadas por la Corte Constitucional, el máximo órgano de control constitucional del país. El 31 de octubre de 2014, la corte dictaminó que 16 de las propuestas podían ser tramitadas ya que no establecen restricciones a los derechos de los ciudadanos.

Es así que el Pleno de la Asamblea, con 92 votos a favor, aprobó la creación de la Comisión Ocasional para el tratamiento de las Enmiendas Constitucionales. Esta comisión está integrada por 11 asambleístas y 11 alternos, los mismos que se encargan de discutir las enmiendas con la ciudadanía y de seguir todo el proceso para su eventual aprobación.

Las enmiendas se deben tramitar en dos debates, el primero tuvo lugar el 2 de diciembre de 2014, pero será en el segundo (que se realizará de modo impostergable en los 30 días siguiente al cumplirse un año de haberse realizado el primero) cuando la propuesta será votada en el Pleno de la Asamblea Nacional para ser aprobada o no.

Para la aprobación se necesita el voto de las dos terceras partes del legislativo ecuatoriano, compuesto por 137 asambleístas. Después de ello las enmiendas serán publicadas en el Registro Oficial.

16 enmiendas para el beneficio de los ciudadanos

En junio de 2014 la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, entregó al presidente de la Corte Constitucional, Manuel Olivera, el paquete de enmienda constitucionales. Foto: Micaela Ayala V./Andes

Las 16 enmiendas constitucionales han sido ampliamente discutidas en las 24 provincias del país en diálogos en los que los asambleístas han explicado el por qué del cambio y el beneficio que tendría tanto para los ciudadanos como para el país. A continuación se detallan los artículos a ser modificados en la Constitución.

Sobre la reelección (artículo 114)

En este artículo se proponen dos cambios, el primero es cambiar el inciso que señala que: “las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo”, por “las autoridades de elección popular podrán reelegirse”.

Además se retira del segundo inciso la frase “por una sola vez”. De esta manera el artículo quedará. “La Presidenta o Presidente de la República permanecerá cuatro años en sus funciones y podrá ser reelecto.

Hay que tomar en cuenta que ninguna autoridad será reelecta de forma inmediata sino que la ciudadanía decidirá en las urnas si es que quiere o no reelegir a la autoridad. Lo que hace la enmienda es permitir que las autoridades se postulen indefinidamente, pero será el pueblo el que decida su permanencia.

Edad para ser presidente (artículo 142)

En el artículo 142 se propone que la edad para aspirar al cargo de Presidente de la República se reduzca de 35 a 30 años de edad para garantizar el derecho de los más jóvenes a participar en la política del país.

Consulta popular (artículo 104)

Esta enmienda propone que al final del inciso tercero, del artículo 104 de la Constitución, que dice: “Los gobiernos autónomos descentralizados, con la decisión de las tres cuartas partes de sus integrantes, podrán solicitar la convocatoria a consulta popular sobre temas de interés para su jurisdicción”, se añada la frase: “que sean de competencia del correspondiente nivel de gobierno”.

Y que además en el inciso cuarto se suprima la frase “sobre cualquier asunto” y solamente se deje la frase: “La ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular”.

El objetivo es que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) solo promuevan consultas populares relativas a sus competencias y en sus territorios, pues actualmente no hay límites, lo que complica la funcionalidad y aplicación de la consulta.

Funciones de las Fuerzas Armadas (artículo 158)

La propuesta es que en el artículo 158 se agregue que las Fuerzas Armadas (FF.AA) además de tener como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial puedan “complementariamente, apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley”.

En este sentido las FF.AA ya apoyan actualmente en tareas de control de armas y apoyo en las calles a la Policía Nacional, lo que haría la enmienda es avalar esas tareas.

El 2 de diciembre de 2014  se realizó el primer debate del proyecto de Enmiendas Constitucionales en la Asamblea Nacional, con presencia ciudadana. Foto: Archivo Andes

Funciones de la Contraloría General del Estado (artículos 211 y 212)

El artículo 211 vigente en la Constitución dice que “La Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos”, la enmienda propone quitar la frase “y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado”.

Mientras que en el artículo 212 propone que en la frase: “Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su control, sin perjuicio de las funciones que en esta materia sean propias de la Fiscalía General del Estado”, se retire la palabra “gestiones.

El cambio se da porque las funciones de la Contraloría son las de vigilar, controlar y dar seguimiento al buen uso de los recursos del Estado pero no las de evaluar el nivel de gestión en los distintos niveles de gobierno, de lo cual se encarga la Secretaria Nacional de Planificación de Desarrollo (Senplades) en cumplimiento del Plan Nacional para el Buen Vivir.

Defensoría del pueblo (artículo 214)

El artículo señala que “La Defensoría del Pueblo será un órgano de derecho público con jurisdicción nacional, personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera. Su estructura será desconcentrada y tendrá delegados en cada provincia y en el exterior”. La enmienda propone cambiar la última parte por: “Su estructura será desconcentrada observando la división territorial judicial, así como tendrá delegados en el exterior”.

La enmienda plantea así que la Defensoría del Pueblo tenga una organización distinta a la actual, siguiendo el modelo de división territorial de la Función Judicial, para acercar a esta institución con la ciudadanía.

Servidores públicos y la Losep (artículos 229 y 326)

En este caso la enmienda propone retirar del artículo 229 que “las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo”. Y en 326 añadir que “los servidores públicos, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública”.

Con esta enmienda se garantiza que la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) sea el único cuerpo jurídico que garantice derechos y obligaciones igualitarios para los trabajadores y que reemplace al actual Código de Trabajo.

El gobierno afirma que la Losep es superior al código en cuanto garantiza una mayor estabilidad para los servidores de carrera y da una mayor profesionalidad al servicio público. 

La escala remunerativa y los salarios de la Losep son superiores también. Además se establecen 30 días de vacaciones pagadas desde los 11 meses de servicio continuo y vacaciones acumuladas hasta 60 días, mientras que en el  Código solo se otorgan 15 días.

Según la disposición transitoria de esta enmienda “Las y los obreros del sector público que antes de la entrada en vigencia de la presente Enmienda Constitucional se encuentren sujetos al Código del Trabajo, mantendrán los derechos garantizados por este cuerpo legal. Una vez entrada en vigencia la presente Enmienda Constitucional, las y los obreros que ingresen al sector público se sujetarán a las disposiciones que regulan al mismo”.

La Asamblea Nacional nombró una Comisicón Ocasional para el tratamiento de las enmiendas. Foto: Asamblea.

Régimen de competencias de los GADs y el Gobierno Central (artículos 261 y 264)

El numeral 6, del artículo 261, dice que: “El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda. La enmienda propone que se aumente “En consecuencia, planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos correspondientes”.

Además se propone un cambio en el numeral 7 del artículo 264 que diga que los GADS pueden planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo de acuerdo con la ley pero “Previa autorización del ente rector de la política pública podrán construir y mantener la infraestructura física y de los equipamientos de salud y educación”.

La actual redacción de los artículos 261 y 264 chocan con el artículo 161 en el que la misma Constitución establece que el Gobierno Central es quien tiene la competencia de la educación y salud. La enmienda no impide que los municipios puedan construir sus centros educativos o de salud, sino que busca ratificar las atribuciones del Ejecutivo como ente encargado de estas tareas.

Comunicación como servicio público (artículo 384)

La propuesta es que al inicio del artículo 384 se incluya que: “La comunicación como un servicio público se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios”. Esto para garantizar el derecho ciudadano a una comunicación democrática y a recibir información veraz y objetiva a través de los medios masivos.

Tiempo de conformación de las regiones autónomas (disposición transitoria primera)

La disposición transitoria primera, en su numeral nueve, señala que la conformación de regiones autónomas, “en ningún caso excederá de ocho años”, la enmienda propone eliminar ese plazo porque es un límite que puede conllevar a que no existan regiones autónomas lo que altera la estructura del Estado.

Sobre la seguridad social (artículos 370 y 372)

En este caso la enmienda propone señalar en el artículo 370 que “El Estado garantiza el pago de las pensiones jubilares de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”. Y  que en el artículo 372, se cambie la palabra “provisionales” por “previsionales” para que quede así: “Los fondos ‘previsionales’ públicos y sus inversiones se canalizarán a través de una institución financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”.

Con esto, el estado pretende garantizar el derecho a una jubilación digna para los miembros de las FF.AA y Policía Nacional. Y se propone corregir un error semántico entre las palabras previsional y provisional para que los fondos y reservas del Seguro Social sigan garantizando los diferentes beneficios de los afiliados.

Diálogos con la ciudadanía

El último diálogo ciudadano sobre las enmiendas constitucionales tuvo lugar en la provincia de Zamora Chinchipe el pasado viernes. Foto: Carlos Rodríguez/Andes

Desde enero de este año la comisión ha realizado 115 diálogos en territorio, en los que los ciudadanos expusieron sus criterios y dudas respecto a las enmiendas, mismos que serán analizados y sistematizados por los miembros de la comisión, previo a la elaboración del informe para segundo debate.

Los legisladores también han realizado socializaciones con los migrantes residentes en España por medio de enlaces simultáneos con el Consulado de Ecuador en Madrid, la Asamblea Nacional y la Casa Legislativa de Guayaquil.

A partir del mes de noviembre, los 11 legisladores miembros de la comisión trabajarán en el texto para segundo debate que se presentará en el pleno “máximo hasta la segunda semana de noviembre”, según confirmó en días anteriores el asambleísta Juan Carlos Casinelli, presidente de la comisión.

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