Asambleísta que acusó al presidente de Ecuador por supuesto delito de lesa humanidad reconoce que se basó en suposiciones (Video y audio)

Quito, 12 sept (Andes).- Cléver Jiménez, legislador del movimiento Pachakutik, que acusó al presidente de Ecuador, Rafael Correa, por un supuesto delito de lesa humanidad durante la sublevación policial e intento de golpe de estado, el 30 de septiembre de 2010, reconoció que basó algunas de sus afirmaciones en suposiciones.

Una de las afirmaciones de Jiménez es que el presidente Correa abandonó el hospital momentáneamente y se refugió en una universidad cercana (la Tecnológica Equinoccial) para desde allí dar instrucciones.

Este miércoles en declaraciones a la agencia de noticias Andes, el legislador amazónico admitió que sus aseveraciones en ese sentido (que tuvieron una amplia difusión en medios privados) estaban basadas en suposiciones.

“Esa simplemente es una versión, es una suposición, es una sola parte de la denuncia (…) ese párrafo lo digo en calidad de suposición, que tenía que haberse investigado y luego de la investigación determinarse si abandonó o no el hospital”, reconoció Cléver Jiménez.

No obstante, sostiene que ese aspecto no es el fundamento de su denuncia y se ratifica en la responsabilidad del Mandatario.

Sin embargo, el 6 de agosto de 2012 luego de la correspondiente investigación, incluida la recepción de decenas de versiones de testigos presenciales de los hechos, la Fiscalía determinó la falta de veracidad de la acusación, razón por la cual se solicitó el archivo de la denuncia.

En agosto de 2011, Jiménez y Fernando Villavicencio, ex sindicalista petrolero, presentaron una denuncia ante la Fiscalía para que investigara varios delitos, uno de ellos, por lesa humanidad en relación al 30 de septiembre de 2010.

El asambleísta responsabilizó de haber ordenado la incursión militar al hospital de la Policía que acabó con el rescate del mandatario y la muerte de varias personas entre ellas del policía Froilán Jiménez.

El conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Richard Villagómez declaró que la demanda presentada por Cléver Jiménez de Pachakutik, Fernando Villavicencio ex sindicalista petrolero y Carlos Figueroa, de la Federación Médica Ecuatoriana era "maliciosa y temeraria".

Abuso de la inmunidad

Durante su informe a la nación el 10 de agosto, el Presidente Correa cuestionó la ética de varios asambleístas, entre ellos a Cléver Jiménez, por abusar de su inmunidad parlamentaria para realizar acusaciones temerarias.

“¿Cómo puede un asambleísta faltar así a la verdad y no ser recriminado por su propio cuerpo colegiado? ¿Cómo puede ser tolerada su presencia en esta sala? ¿No hay quien le diga que es un inmoral? ¿Gente así hace las leyes de nuestro país? ¿Dónde está el Código de Ética de nuestra Asamblea”, planteó Correa en el seno de la Legislatura.

En declaraciones a Andes, la asambleísta Zobeida Gudiño, expresó que hay una diferencia entre fiscalizar y acusar maliciosamente, lo que podría dar paso a la inestabilidad democrática.

“Si mañana un juez descabelladamente acepta el trámite el juicio de esta denuncia, nuestro presidente de la República podría ser detenido en cualquier parte del mundo. Eso (la denuncia) significa buscar una desestabilización del país, dar un golpe de estado utilizando la justicia”, recalcó.

Gudiño sostiene que al hacerlo en conjunto con dos civiles, ajenos a la Asamblea, su colega Jiménez presentó la denuncia en calidad de ciudadano, no como asambleísta.

Él lo niega y alega que era su obligación presentar la denuncia para que se investigue lo que sucedió el 30 de septiembre.

Pero las afirmaciones de Jiménez no son suficientemente sólidas, según se desprende del proceso judicial que conoció la Corte Nacional de Justicia.

Como parte determinante de la argumentación fiscal, se incorporó al expediente de esta causa el oficio LIM11/273-CSY/msi del  31 de octubre del2011, suscrito por Cédric Schweizer, jefe de Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Esta institución, “guardián del derecho internacional humanitario (DIH)”, precisa que sobre la base de criterios técnicos, “ninguno de los incidentes del 30 de septiembre se habrían enmarcado en los ámbitos de aplicación del DIH al no verificarse, precisamente, las condiciones de aplicabilidad de este derecho”.

En este sentido, al margen de eventuales violaciones a otros marcos normativos en las cuales los incidentes del 30S pudieren haber incurrido, “ninguno de ellos habría constituido infracción o violación alguna del DIH y por ende de ninguno de los instrumentos fundamentales de este derecho, tales como los Convenios de Ginebra de 1949”, continúa este oficio con lo cual se descarta un eventual delito de lesa humanidad.