Editores de Periódicos, Fundamedios y políticos de oposición defienden la potestad de los medios para promocionar candidatos

En un mismo banquillo se sentaron activistas, representantes de la prensa y políticos de oposición/

Quito, 24 abr (Andes).-Por cerca de cinco horas, el juez sustanciador de la Corte Constitucional, Alfonso Luz Yúnez, escuchó los alegatos de activistas, políticos y ciudadanos (accionantes activos) que demandaron la legalidad de la reforma a la ley electoral que busca impedir que los medios de comunicación incidan a favor de candidatos o tendencias políticas.

El artículo 203, que consta en las objeciones parciales a la reforma de la ley electoral plantea que “los medios de comunicación se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis políticas”.

La Corte Constitucional debe tramitar cinco demandas de inconstitucionalidad planteadas por el Movimiento Popular Democrático (MPD), la Unión Nacional de Periodistas (UNP),  la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), los bloques legislativos Coordinadora de Izquierdas, Alianza Libertad y Prian.

En la audiencia pública intervinieron Vicente Ordóñez (empleado de diario El Universo y presidente de la UNP), Santiago Guarderas (abogado del gremio periodístico), Luis Villacís (presidente del MPD), Ciro Guzman (dirigente de la agrupación política), César Ricaurte (organización Fundamedios), Vicente Taiano (Prian), Paco Moncayo (Alianza Libertad) y Daniela Salazar (de la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito).

En representación del Estado participaron Pablo Vázquez (Asamblea Nacional), Vicente Peralta (Presidencia de la República) y Andrés Castillo (Procuraduría).

El argumento de quienes se oponen a la norma es que ésta restringe la actividad de los periodistas y se constituye en censura previa. Salazar mencionó que “aun cuando un medio de comunicación pueda expresar una tendencia política, ello no justifica el incumplimiento de las obligaciones estatales de respetar y garantizar los derechos humanos”.    

Se cuestionó también que la reforma electoral esté buscando favorecer al presidente de la República (quien no ha confirmado su postulación a la reelección) en las elecciones generales que se realizarán en febrero de 2013. También, que la fórmula de adjudicación de escaños contraviene el principio de proporcionalidad.

El subsecretario Jurídico de la Presidencia, Vicente Peralta, indicó que es falso que no se pueda realizar coberturas, entrevistas, reportajes o documentales especiales durante el periodo electoral.

“Eso (la libertad de expresión y opinión) está permitido y garantizado por la Constitución y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Lo que no está permitido es que eso tienda a favorecer o desfavorecer a una tesis, un candidato como hay (casos) en la república del Ecuador, lamentablemente”, precisó.  

Puso como ejemplo, el caso del exalcalde del cantón Huaca, en la provincia de Carchi, quien es propietario de la única radioemisora de la localidad y todos los días, desde las cuatro de la mañana, presiona al actual jefe del Cabildo, que le ganó las elecciones.

Citó además que la Ley de Regulación del Régimen Electoral General de España (artículo 66, numeral 2) contempla la regulación para los medios privados.
Recalcó que “el debate jurídico está entre la capacidad de influencia de los medios de comunicación y el derecho de los ciudadanos a decidir libremente, en conciencia”.

“Lo único que hemos pretendido hacer es poner una regulación a la incidencia perniciosa de medios de comunicación transformados en actores políticos y que, aprovechando de su condición de tales, tratan de incluenciar a los ciudadanos en el voto libre que es un derecho humano que nos corresponde a todos”.

Después de esta audiencia, las partes deberán legitimar su intervención. Luego de aquello, el juez sustanciador debe analizar los argumentos presentados y preparar su informe, el cual será presentado al pleno de la Corte.

En un plazo de 30 días –luego de recibir el informe- los nueve jueces de la Corte Constitucional debatirán el caso y dictarán resolución. Yúnez dijo a la Agencia Andes que en el mes de mayo (no especificó fecha) entregará su informe al pleno del organismo.

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Comentarios

El problema político del sistema gubernamental que con mucho éxito implementa el proceso político de la Revolución Ciudadana en la República del Ecuador es perversamente cuestionado y combatido, por los cambios de estructuras y relación de poder que implementa a favor de las mayorías del pueblo, por lo que soporta numerosos riesgos y extremas consecuencias que de él se derivan, (como el 30-S) y que se resisten a perder los que manejaron el sistema OPROBIOSO, DELINCUENCIAL Y CRIMINAL que la Partidocracia , Banca , Iglesia y grupos de poder mediático “prensa corrupta” implementaron por décadas.-
EL “Capitalismo-Neoliberalismo” que tanto defienden los lacayos vende patria y los enajenados mentales de la oposición quiso entender el comportamiento humano haciendo abstracción de la sociedad donde se desenvuelve el individuo. Son tan INDIVIDUALISTAS y esa actitud POR HABER OBTENIDO RIQUEZAS MAL HABIDAS Y HACERLOS ARROGANTES Y PREPOTENTES no se traducen en el mejor estado social., Entonces, no es correcto que la lógica individual, sin ninguna acción colectiva, sin ninguna lógica social pretenda imponerse en desmedro de las mayorías.. esto es lo que nos enseña El Proceso Político más Importante de los últimos 40 años LA REVOLUCION CIUDADANA y su líder a la cabeza el compañero Rafael Correa Delgado con la Unidad Nacional de nuestros hermanos afro ecuatorianos, indígenas, montubios, cholos, blancos y mestizos.- VIVA LA REVOLUCION CIUDADANA.-

“Lo triste de las patéticas escenas que nos han brindado los dueños de los grandes medios de comunicación que les prohíbe calumniar y difamar y que está a punto de culminar, es pensar y comprobar que POR DECENIOS NOS ESTUVIERON COMIENDO LA CABEZA CON EL VERSO DE LA LIBERTAD DE PRENSA; Y NOSOTROS COMPRÁBAMOS ESE VERSO.”
Guillermo Navarro, quien fue presidente de la Comisión Auditora de Frecuencias de Radio y TV en nuestro País, realizó en su periodo, desde diciembre de 2008 hasta mayo de 2009, un informe sobre la relación de medios y sistema financiero, como mandato del artículo 312 de la Constitución. Este establece que entidades del sistema financiero no pueden poseer participaciones permanentes, totales o parciales en empresas ajenas a la actividad que realizan. Se analizaron 1.637 frecuencias de radio y televisión. El informe reveló que casi 1.000 frecuencias fueron concedidas en forma ilegal, lo cual denotó peculado de ciertos funcionarios públicos y privados, además de que NUEVE FAMILIAS TIENEN EL CONTROL ACTUAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
HAY QUE CAMBIAR RADICALMENTE ESTA REALIDAD YA.-

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