Bloque legislativo oficialista delinea código de ética que ayude a elevar el nivel de la Asamblea Nacional

Quito, 12 sept (Andes).- Asambleístas con un extenso prontuario judicial, otros que se escudan en la inmunidad para lanzar injurias sin sustento, otros que casi no asisten a sus curules, pero igual cobran su salario y mantienen otras actividades, ese es el panorama que se registra en la Asamblea Legislativa ecuatoriana en la actualidad.

Los asambleístas del bloque oficialista de Alianza PAIS se reunieron este miércoles en un taller donde, además de analizar la forma de destrabar el bloqueo de las leyes que surgieron como mandato popular –por tanto de cumplimiento obligatorio- tenían previsto abordar los parámetros para la elaboración de un código de ética que genere un ambiente de seriedad y responsabilidad.

La legisladora Marisol Peñafiel dijo que un modelo interesante es la ley de partidos políticos de Colombia, que contempla que los legisladores que se cambien de organización en el ejercicio de sus funciones podrían perder esa dignidad.

Dijo que si bien la Asamblea tiene mecanismos para sancionar las conductas inapropiadas de los parlamentarios, la propuesta “va más allá” y establece el análisis de situaciones más delicadas como, por ejemplo, cuando hay asambleístas que deben responder ante la justicia por situaciones ajenas a sus funciones.

Ángel Vilema explicó que el código sería complementario a la reglamentación que existe actualmente en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se incluirían aspectos como las asistencias al pleno del organismo y los “camisetazos”, como se conoce vulgarmente cuando un legislador ha llegado al Parlamento por un partido y luego se cambia a otro.

El reglamento actual contempla sanciones para faltas menores como faltarse el respeto entre colegas y crear incidentes al interior del organismo legislativo.

Virgilio Hernández indicó que uno de otros de los aspectos que se incluirían es la capacidad de producción y rendimiento legislativo y no abusar del “privilegio” que otorga la inmunidad parlamentaria.

“Siempre hay una estrecha línea entre inmunidad e impunidad. Creo que es adecuado que se pueda mantener la institución de la inmunidad, pero al mismo tiempo evitar los excesos y abusos en torno a la impunidad”, recalcó.

Hernández es partidario de que este tema lo resuelva la Asamblea a través de un reglamento elaborado por la Comisión Administrativa de la Legislatura (CAL). A su criterio, este sería el mecanismo más ágil para establecer un código de ética ya que si se lo tramita como ley deberá pasar por los plazos que se contemplan para tales casos.

Gabriel Rivera dijo que la inmunidad es bienvenida, pero en el sentido positivo, “que sirva para poder legislar y fiscalizar, jamás que puede formar parte de una lógica de que el asambleísta sea irresponsable de cualquier tipo de actos”.

Expuso que se establecerían causales para la destitución de los legisladores en caso de ausencia injustificada y prolongada a sus puestos de trabajo, por atentar abiertamente contra la majestad de la Asamblea Legislativa, o abusar de sus funciones para lanzar acusaciones sin sustento.

La Asamblea Legislativa registra bajos niveles de credibilidad institucional, de acuerdo a una encuesta de la empresa Perfiles de Opinión realizada entre el 1 y el 4 de septiembre.

La encuesta realizada en Quito y Guayaquil (que concentran la mayor cantidad de población en Ecuador) ubica a la Legislatura en el penúltimo puesto del índice de credibilidad con 10%. En el último lugar se encuentran los partidos políticos con 4,5%.